El Régimen Penal Juvenil puso en debate cómo acompañar a los adolescentes
Tema del que te venimos contando en Prisma desde que arrancó el debate.
Entender cómo funciona el nuevo Régimen Penal Juvenil también es hablar de derechos, responsabilidades y de qué manera la comunidad puede acompañar a los adolescentes que atraviesan una situación de conflicto con la ley. Por eso, conocer qué establece la nueva normativa y qué desafíos plantea resulta importante para familias, escuelas, instituciones y para los propios adolescentes.
Hace unos días se realizó de manera virtual la cuarta Mesa del Régimen Penal Juvenil, un espacio en el que integrantes de la Comisión Federal de Defensores de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes intercambiaron ideas con especialistas sobre la implementación de la Ley 27.801, que ya se encontraba vigente.
La normativa establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 y plantea, entre sus objetivos, promover la responsabilidad por los actos cometidos y favorecer la educación, la resocialización y la integración social. Además, reconoce una serie de derechos y garantías que deben respetarse durante todo el proceso.
La comunidad también tiene un rol
Uno de los principales puntos que se abordaron fue la importancia del trabajo comunitario. Durante la mesa se puso el foco en el papel que pueden cumplir las instituciones barriales, comunitarias, deportivas y educativas que forman parte del entorno cotidiano de cada adolescente.
La idea es que el acompañamiento no quede solamente en manos de una familia o de una institución. La red que rodea a cada adolescente también puede convertirse en un espacio de contención y acompañamiento.
En ese sentido, la Defensora de los derechos de los nnya de Misiones, Rossana Franco, explicó que el denominado Centro de Vida de cada niño, niña o adolescente debe ser tenido en cuenta al momento de pensar las intervenciones. También remarcó que las políticas de reinserción necesitan contemplar distintas dimensiones de la vida de los adolescentes y no solamente la cuestión familiar.
La propia Ley 27.801 establece medidas orientadas a la educación, la capacitación laboral, la formación ciudadana, las actividades deportivas, recreativas y culturales y la integración social, entre otras alternativas.
Eso abre una discusión que va más allá de qué sanción corresponde: también plantea qué herramientas existen para que un adolescente pueda continuar estudiando, aprender un oficio, sostener sus vínculos y proyectar una vida alejada de nuevas situaciones de conflicto.
Qué pasa en Misiones
La implementación del Régimen Penal Juvenil también involucra a las provincias y requiere articulación entre distintos organismos. La normativa nacional contempla la coordinación con las jurisdicciones provinciales para llevar adelante su aplicación.
En Misiones, uno de los dispositivos que aparece como una herramienta central son los CeMoAS, los Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
Según explicó Franco durante la mesa, estos centros funcionan como una primera instancia de asistencia y seguimiento dentro del sistema provincial. Allí se articulan distintas intervenciones y se busca acompañar la situación de cada adolescente.
El Servicio Penitenciario de Misiones también informó que los CeMoAS ubicados en Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Rico forman parte del esquema provincial de atención y evaluación interdisciplinaria frente a situaciones de conflicto con la ley penal.
La nueva normativa, además, contempla la figura de un supervisor especializado encargado del seguimiento del adolescente y establece que las provincias deben avanzar en los mecanismos necesarios para su implementación.
Prevenir también es parte del trabajo
Durante la Mesa del Régimen Penal Juvenil también se remarcó que la prevención sigue siendo una pieza clave.
Franco señaló que desde la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se venían desarrollando capacitaciones vinculadas con los derechos de niños, niñas y adolescentes y que durante este año se había puesto especial atención en clubes e instituciones deportivas.
La propuesta también alcanzaba a distintas organizaciones de la comunidad, porque estos espacios pueden ser fundamentales para acompañar a chicos y chicas en su vida cotidiana.
La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil no quedó, entonces, solamente en los tribunales o en las oficinas públicas. La cuarta Mesa mostró que también involucraba a escuelas, clubes, familias, organizaciones barriales y a toda la comunidad.
Porque conocer las reglas, saber cuáles son los derechos y entender qué herramientas existen para acompañar a un adolescente también forma parte de construir respuestas que no miren solamente el problema, sino también lo que puede pasar después.
Franco destacó que uno de los temas centrales fue pensar qué pasa con los adolescentes después de una situación de conflicto con la ley y cómo se puede trabajar para que puedan reconstruir sus proyectos de vida, siempre desde una mirada de derechos.
Más info:
En el encuentro participó la vicepresidenta de la Comisión Federal de Defensores de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y representante de Misiones, Rossana Franco. También estuvieron el licenciado en Ciencias Políticas Luciano Vigoni, exdirector de Nueva Oportunidad e investigador en jóvenes, violencias y políticas públicas, y Esteban Rodríguez Alzueta, doctor y magíster en Ciencias Sociales, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de La Plata.
