La escuela también tiene voz ante el nuevo Régimen Penal Juvenil
Docentes y directivos de Misiones participaron de una jornada de formación para reflexionar sobre el nuevo régimen penal juvenil, el rol de las instituciones educativas y la importancia de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
¿Qué pasa cuando una situación vinculada con la ley también atraviesa la vida escolar? ¿Hasta dónde puede intervenir una escuela y qué responsabilidades tienen los docentes? Estas son algunas de las preguntas que se pusieron sobre la mesa en una jornada de formación realizada en el Ministerio de Educación de Misiones, donde especialistas del ámbito jurídico compartieron herramientas para comprender este tema y pensar cómo actuar desde las instituciones educativas.
Escuchar, comprender y saber cómo actuar también es parte de educar
En el Salón Oval del Ministerio de Educación se desarrolló la jornada introductoria “La Escuela ante el Nuevo Régimen Penal Juvenil”, en el marco de la Resolución N.º 708/26, impulsada por la Dirección de Políticas Socioeducativas, dependiente de esa cartera educativa.
La actividad convocó a docentes y directivos del Nivel Secundario de distintas instituciones de la provincia para generar un espacio de intercambio sobre el nuevo régimen penal juvenil y las situaciones que pueden surgir en el ámbito escolar. Porque la escuela no solo es un lugar para aprender materias, rendir exámenes y compartir con compañeros: también es un espacio donde aparecen conflictos, dudas y realidades que necesitan una respuesta responsable.
Durante el encuentro, especialistas del ámbito jurídico participaron de un conversatorio en el que se trataron cuestiones clave para el trabajo cotidiano de las comunidades educativas. Entre ellas, el rol de los docentes, los alcances y límites de la intervención institucional y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
¿Por qué es importante hablar de estos temas en la escuela? Porque conocer el marco legal ayuda a evitar decisiones improvisadas, entender qué responsabilidades tiene cada actor y reconocer cuándo es necesario recurrir a los organismos correspondientes. No se trata de que los docentes deban resolver por su cuenta cualquier situación compleja, sino de que cuenten con herramientas para actuar de manera adecuada y sepan cuáles son los límites de su intervención.
Además, estos espacios permiten revisar cómo se acompañan las situaciones que involucran a adolescentes, teniendo en cuenta sus derechos y la responsabilidad de las instituciones. La información, la escucha y el intercambio entre profesionales pueden ayudar a construir respuestas más cuidadosas, sin sacar conclusiones apresuradas ni dejar de lado las particularidades de cada caso.
La jornada también puso en valor la necesidad de sostener espacios donde las preguntas puedan plantearse, las experiencias se compartan y las dudas encuentren orientación. En una comunidad educativa, escuchar no significa mirar para otro lado: significa prestar atención, comprender lo que sucede y buscar la manera correcta de intervenir.
Las instancias de formación impulsadas desde el Ministerio de Educación apuntan, precisamente, a fortalecer las herramientas de docentes y directivos para abordar situaciones complejas con responsabilidad y respeto por los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Porque hablar de justicia juvenil también implica hablar de educación, derechos y acompañamiento. Y para que las escuelas puedan actuar de manera responsable, necesitan información clara, formación y espacios de diálogo que permitan pensar cómo cuidar mejor a toda la comunidad educativa.
