La violencia escolar es apenas una parte de un problema que nos involucra a todos
(Por Laura Montenegro.
Dir. Edit de Prisma)
Desde que arrancamos, en Prisma te contamos sobre todo lo que podemos hacer para combatir y prevenir el bullying, ciberbullying, grooming y demás casos de violencia relacionados a adolescencia y niñez. Pasaron especialistas de todas las áreas y la tarea todavía sigue, porque a pesar de los numerosos intentos, la violencia se llevó los laureles. En estos días pasamos del día contra el ASI, al día mundial de la infancia y podemos ver cómo las luchas y celebraciones están en tensión todo el tiempo…
Las agresiones entre estudiantes, el bullying, las amenazas, el ciberacoso y los conflictos que llegan a situaciones extremas marcaron la agenda educativa argentina durante 2026. Detrás de los episodios hay una realidad que excede a las escuelas: dificultades familiares, sufrimiento emocional, modelos adultos de confrontación, (hasta el presidente) exposición digital y comunidades educativas que muchas veces no cuentan con los recursos suficientes para responder.
Un recorrido por los hechos más graves del país, las particularidades de Misiones y una pregunta que interpela especialmente a los adultos: ¿qué estamos haciendo para enseñar a convivir?
La escuela debería ser uno de los lugares donde niños, niñas y adolescentes puedan aprender, relacionarse, desarrollar sus capacidades y sentirse protegidos. Sin embargo, durante 2026, distintas comunidades educativas de Argentina tuvieron que enfrentar situaciones que pusieron en discusión esa función: agresiones físicas, amenazas, hostigamiento sostenido, conflictos que se trasladaron desde las redes sociales hasta las aulas y episodios que dejaron consecuencias profundas en la vida de los estudiantes.
No hablamos solamente de discusiones entre compañeros o de comportamientos propios de una edad determinada. Hay situaciones en las que la intimidación se convierte en una práctica reiterada, en las que un grupo utiliza su fuerza numérica para someter a otro estudiante o en las que la humillación se transforma en un espectáculo que circula por internet. También hay amenazas que generan miedo colectivo, agresiones que involucran a familiares y conflictos que se originan fuera de las instituciones, pero terminan repercutiendo dentro de ellas.
Es importante distinguir cada fenómeno. Una pelea aislada no necesariamente constituye bullying, porque el acoso escolar supone una conducta de hostigamiento que se sostiene en el tiempo y en una relación desigual de poder. Tampoco una amenaza equivale a un ataque consumado. Sin embargo, todas estas manifestaciones requieren intervención y seguimiento, porque afectan la seguridad, la convivencia y el bienestar de quienes integran una comunidad educativa.
La dimensión del problema aparece también en los datos nacionales. UNICEF publicó el 20 de noviembre su décima Encuesta Rápida sobre la situación de la niñez y adolescencia en Argentina. El relevamiento estimó que aproximadamente 400.000 adolescentes habían experimentado bullying. Además, el 47% de los consultados señaló conocer situaciones de acoso que afectaban a otros estudiantes de sus escuelas.
La misma investigación mostró indicadores preocupantes sobre el bienestar emocional: el 36% manifestó sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido. Entre las principales preocupaciones adolescentes aparecieron el consumo de drogas, la pobreza y la salud mental.
Estos resultados no permiten afirmar que todos los adolescentes atraviesen las mismas dificultades ni que los problemas emocionales sean consecuencia directa de la violencia escolar. Sí muestran que el cuidado de las infancias y adolescencias necesita una respuesta integral y que las escuelas no pueden analizar los conflictos sin considerar el contexto en el que crecen sus estudiantes.
Los hechos que conmocionaron al país durante 2026
Uno de los episodios más graves ocurrió el 30 de marzo en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. En la Escuela Normal Mariano Moreno, un estudiante de 15 años protagonizó un ataque con un arma de fuego que terminó con la muerte de un alumno de 13 años y otros ocho estudiantes heridos.
El hecho provocó una profunda conmoción nacional y abrió investigaciones sobre los antecedentes del adolescente, sus vínculos y los contenidos digitales a los que habría estado expuesto. En abril, autoridades provinciales y nacionales comunicaron que investigaban la posible relación con comunidades virtuales internacionales que promueven conductas violentas. En esa presentación también informaron que habían detectado otros quince casos considerados similares en el país, cuatro de ellos bajo investigación.
La importancia de este episodio está en que no puede explicarse de manera automática como una consecuencia del bullying ni atribuirse a un único factor psicológico o familiar. Las autoridades señalaron la necesidad de analizar la influencia de determinados entornos digitales, pero el esclarecimiento de las responsabilidades y circunstancias corresponde a las investigaciones competentes.
Durante abril también se produjo una sucesión de amenazas contra establecimientos educativos de distintas jurisdicciones. Mensajes intimidatorios aparecieron en paredes, grupos de mensajería y publicaciones digitales. La preocupación se extendió a numerosas comunidades escolares y generó ausentismo, suspensión preventiva de actividades y presencia policial.
En la provincia de Buenos Aires, uno de los casos investigados ocurrió en Carapachay, partido de Vicente López, donde un adolescente de 16 años fue demorado luego de que un docente denunciara una amenaza difundida mediante una publicación en Instagram contra su escuela.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se registraron cuatro episodios en establecimientos de Nueva Pompeya, Núñez, Belgrano y Recoleta que motivaron intervenciones judiciales y la aplicación de medidas preventivas. Aunque CABA no debe confundirse con la provincia de Buenos Aires, ambos escenarios formaron parte de la preocupación nacional de abril.
Las amenazas no siempre se tradujeron en agresiones concretas, pero provocaron temor entre estudiantes, docentes y familias. También dejaron expuesta la rapidez con la que un mensaje difundido digitalmente puede alterar la vida de una comunidad educativa completa.
Otro caso de fuerte repercusión ocurrió en octubre y tuvo como protagonistas a estudiantes de Catamarca durante un viaje de egresados a Bariloche. Una adolescente de 17 años fue objeto de agresiones y humillaciones por parte de compañeras. La situación tomó estado público después de que una estudiante de 18 años difundiera en redes sociales un relato en el que describía, de manera burlona, las conductas que había tenido junto a otras jóvenes.
El episodio tenía un antecedente especialmente delicado: meses antes se había denunciado la circulación no consentida de material íntimo de la estudiante afectada. Esa situación dio lugar a una investigación penal juvenil, en la que tres estudiantes fueron imputados por su presunta participación en la difusión del material. A su vez, las agresiones denunciadas durante el viaje y el relato posteriormente publicado en redes motivaron otras actuaciones judiciales y administrativas.
El Ministerio de Educación de Catamarca también inició actuaciones para examinar el comportamiento institucional del colegio involucrado. El caso dejó en evidencia que el hostigamiento puede comenzar en un entorno digital, trasladarse a los encuentros presenciales y continuar mediante publicaciones que exponen todavía más a quien ya atravesó una situación de vulneración de su intimidad.
La familia de la adolescente manifestó públicamente su preocupación por las consecuencias emocionales de lo ocurrido. Es fundamental evitar diagnósticos desde el periodismo o atribuir una crisis de salud mental a un único acontecimiento sin evaluación profesional. Lo que sí corresponde señalar es la gravedad de que una persona joven atraviese experiencias reiteradas de humillación, exposición y aislamiento.
En Mendoza, en marzo, un estudiante de 13 años terminó hospitalizado después de que el hermano de otro alumno interviniera en un conflicto que había comenzado entre estudiantes de la Escuela Técnica Santa María de Oro, en Rivadavia. El enfrentamiento excedió el ámbito de la discusión escolar cuando un familiar ingresó al establecimiento y agredió al adolescente. La familia cuestionó además la respuesta inicial de las autoridades ante la necesidad de asistencia médica.
Este episodio muestra una dimensión que no puede pasar inadvertida: los adultos también pueden convertirse en parte de la violencia cuando intervienen en conflictos juveniles mediante la intimidación o la agresión, en lugar de contribuir a resolverlos.
Entre Ríos registró otros hechos preocupantes. En abril, en Concordia, una adolescente de 14 años resultó lesionada durante una agresión atribuida a una compañera. Según la denuncia familiar, el enfrentamiento estuvo precedido por situaciones de hostigamiento y por una discusión que había comenzado en un grupo de WhatsApp.
En la localidad de Federal, también en Entre Ríos, una mujer de 28 años intervino en una discusión entre su hija y otra estudiante y terminó agrediendo a la segunda adolescente, por lo que fue detenida. En septiembre, en Paraná, se conoció otro episodio de agresión física dentro de un establecimiento educativo, registrado mediante un teléfono celular. El caso motivó actuaciones de los organismos de protección de menores y de las autoridades educativas.
En Salta, durante marzo, una institución solicitó la intervención de la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa ante una situación que involucró a un estudiante de 14 años y un elemento peligroso que había llevado consigo. Las autoridades señalaron que el conflicto tenía antecedentes en disputas entre estudiantes y grupos de distintos barrios. El establecimiento activó los mecanismos de prevención y mediación; no se informó que se hubiera concretado una agresión dentro de la escuela.
Estos episodios, diferentes por su naturaleza y gravedad, permiten reconocer que la problemática no tiene una única expresión. Hay agresiones entre compañeros, conflictos que involucran a familiares, amenazas difundidas por internet y situaciones que requieren intervenir antes de que se produzcan daños.
La salud mental y el contexto social también forman parte del problema
Los hechos policiales no alcanzan para comprender lo que sucede con las infancias. También es necesario analizar las condiciones emocionales, económicas y sociales en las que crecen.
La encuesta de UNICEF publicada en noviembre aporta un dato que ayuda a comprender ese contexto: el 41% de los hogares argentinos con niños, niñas y adolescentes no consigue cubrir sus gastos habituales con los ingresos disponibles. Además, el 55% de los hogares que necesitan complementar sus recursos recurre a otro empleo o a trabajos adicionales.
Estas dificultades no explican por sí solas una conducta agresiva, pero constituyen parte del escenario en el que se desarrollan los vínculos familiares y comunitarios. Las preocupaciones económicas, la falta de tiempo, las tensiones cotidianas y las dificultades para acceder a servicios de salud pueden debilitar las posibilidades de acompañamiento.
En este contexto, las instituciones educativas reciben estudiantes que no llegan al aula únicamente con sus cuadernos y sus aprendizajes. También llevan preocupaciones, conflictos familiares, experiencias digitales y situaciones personales que pueden necesitar atención especializada.
El bienestar emocional merece una consideración particular. UNICEF informó que la tasa argentina de suicidio entre personas de 10 a 19 años fue de 4,8 por cada 100.000 habitantes en 2024. Aunque disminuyó respecto del valor máximo registrado en 2014, continúa por encima de los niveles de hace tres décadas.
En este punto, es indispensable no confundir las estadísticas de salud mental con las de violencia escolar. El suicidio es un fenómeno multicausal y no puede atribuirse automáticamente al bullying, a una pelea o a las redes sociales. La prevención requiere reconocer los factores individuales, familiares, sociales y culturales, facilitar el acceso a profesionales y evitar cualquier forma de estigmatización.
También debemos discutir la tendencia a buscar respuestas exclusivamente médicas para todos los problemas de comportamiento o de adaptación. La atención psicológica y los tratamientos indicados por profesionales son herramientas fundamentales, pero no reemplazan el acompañamiento familiar, la calidad de los vínculos, la protección de derechos ni las políticas educativas. Ni todo malestar requiere una medicación ni todo sufrimiento puede resolverse sin atención profesional.
Los adultos, los referentes públicos y los contenidos que consumen los jóvenes
Hay otra dimensión que merece una discusión más profunda: los ejemplos que ofrece la sociedad.
Niños y adolescentes aprenden observando. Incorporan formas de comunicarse, expresar enojo, resolver diferencias y relacionarse con quienes no comparten sus opiniones. Por eso es necesario revisar qué mensajes reciben de sus familias, de sus referentes públicos, de los medios y de las personalidades que siguen en internet.
Cuando la descalificación se instala en las discusiones políticas, cuando se utiliza la humillación para obtener popularidad o cuando se presenta la agresividad como una forma de imponerse, se debilita el mensaje educativo que después pretendemos transmitir en las escuelas.
Sí existe una responsabilidad cultural de quienes tienen exposición pública: sus comportamientos contribuyen a establecer qué formas de trato se consideran aceptables.
Las redes sociales introducen otro desafío. Algunos contenidos convierten las peleas, las provocaciones, los insultos y la exposición de otras personas en entretenimiento. Temón que desde Prisma buscamos concientizar con las premiaciones a medios del país con contenido cuidado para este público. La búsqueda de reproducciones y comentarios puede favorecer que ciertos adolescentes confundan popularidad con reconocimiento y que consideren divertido participar de la humillación de un compañero.
El problema no es que los jóvenes utilicen tecnología, sino que desarrollen su vida digital sin herramientas suficientes para reconocer los riesgos, cuidar su intimidad y evaluar las consecuencias de sus acciones. El ciberbullying puede continuar en grupos privados, videojuegos, perfiles falsos y publicaciones que permanecen circulando incluso después de que terminó el conflicto presencial.
La médica pediatra Mayra Pertiñez, integrante del Comité de Estudio Permanente del Adolescente de la Sociedad Argentina de Pediatría, abordó esta cuestión en una entrevista publicada por la Universidad Nacional del Nordeste. Su análisis contempla tanto las señales que pueden advertir las familias como la responsabilidad de las escuelas y de los propios grupos de compañeros. También destaca la importancia de incluir a quienes observan una situación de acoso, porque su participación o su silencio pueden modificar el desarrollo del conflicto.
La especialista señaló la necesidad de prestar atención a cambios en el comportamiento cotidiano, el rendimiento escolar y el estado emocional. La detección no debe convertirse en una búsqueda de culpables, sino en una oportunidad para que el estudiante reciba acompañamiento y la situación sea atendida.
Este enfoque permite comprender que tampoco debemos tratar a los adolescentes como personas incapaces de tomar decisiones. Tienen responsabilidades por sus acciones y necesitan aprender a asumirlas. Pero adquirir fortaleza emocional, capacidad de decisión y respeto por los demás requiere orientación, límites y experiencias que enseñen a actuar con criterio propio, incluso cuando el grupo propone lo contrario.
Los docentes: entre la tarea educativa y una realidad que los supera
La escuela no puede convertirse en el único lugar al que la sociedad le exige solucionar todos sus problemas. Los docentes trabajan con situaciones que muchas veces tienen origen en el ámbito familiar, barrial, económico y digital. Deben sostener los procesos de aprendizaje mientras intervienen en conflictos, detectan señales de malestar y contienen a estudiantes que necesitan más acompañamiento.
A esto se suman las discusiones salariales, la sobrecarga laboral, la cantidad de estudiantes por curso y la necesidad de formación y equipos profesionales.
Lo que sí debe quedar claro es que no se puede responsabilizar individualmente a los educadores por problemáticas que requieren políticas públicas y respuestas interdisciplinarias. Un docente no puede reemplazar a un psicólogo, un trabajador social o un equipo de protección de derechos.
La prevención necesita recursos, estabilidad, formación, salarios dignos y profesionales que acompañen a las escuelas. También exige que las familias participen y que los organismos estatales actúen de manera coordinada.
Misiones: amenazas, agresiones y señales que no deben minimizarse
La provincia tampoco quedó al margen de los episodios que preocuparon al sistema educativo argentino.
Durante abril se produjo una sucesión de amenazas e intimidaciones en establecimientos de distintos municipios. Se informaron pintadas en escuelas de Posadas, Garupá, Garuhapé, San Ignacio, Eldorado, San Pedro, 25 de Mayo, Puerto Iguazú y otras localidades. También se registraron situaciones en Oberá, Capioví, Puerto Rico y Montecarlo.
En ese período, los establecimientos debieron activar mecanismos de prevención, mientras las familias expresaban preocupación por la circulación de mensajes que anticipaban posibles situaciones violentas.
En Posadas se contabilizaron quince denuncias ante la Fiscalía de Instrucción de Menores relacionadas con amenazas contra escuelas. La situación produjo ausentismo, controles preventivos y una fuerte preocupación de las comunidades educativas. Los investigadores también analizaron la posible relación entre algunas de las intimidaciones y mensajes que circulaban entre estudiantes mediante plataformas digitales.
El Gobierno provincial informó posteriormente que doce menores habían sido identificados como presuntos responsables de distintos hechos de intimidación pública y amenazas. Entre las situaciones comunicadas oficialmente figuraban un audio intimidatorio dirigido a un directivo escolar en Guaraní, una inscripción amenazante detectada en una institución de San Vicente y un episodio ocurrido en Dos de Mayo que involucró a un alumno de 14 años.
La Provincia también comunicó cerca de cien intervenciones vinculadas con estas situaciones. Es importante señalar que esa cantidad corresponde a intervenciones policiales y preventivas, no a cien ataques consumados ni necesariamente a cien escuelas diferentes.
En agosto, Montecarlo volvió a registrar situaciones preocupantes en la Escuela Normal Superior N.º 2. Una de ellas involucró a un estudiante que, según la información difundida, llevaba un objeto peligroso por temor a posibles agresiones de jóvenes de otra institución. En otro episodio, una estudiante fue agredida físicamente por una compañera dentro de un aula, mientras otra alumna registraba la situación con su celular.
La institución y las autoridades intervinieron en ambos hechos. El episodio también dejó a la vista que algunos conflictos que se originan en disputas entre grupos de adolescentes fuera de la escuela terminan trasladándose al espacio educativo.
No podemos ignorar esta conexión entre la convivencia barrial, los vínculos familiares y la vida escolar. La escuela necesita ser un ámbito de protección, pero no siempre cuenta con las herramientas suficientes para responder a conflictos que se desarrollan en diferentes espacios de la comunidad.
Posadas: el hostigamiento que volvió a poner el tema en el centro de la discusión
En noviembre, la capital misionera conoció otra situación de gravedad que tuvo repercusión pública. Una estudiante de segundo año de un colegio privado fue perseguida a la salida del establecimiento por un grupo de adolescentes que, según las denuncias difundidas, buscaba agredirla.
Una mujer que presenció la situación intervino para evitar que el conflicto terminara en una agresión física. Posteriormente se conocieron testimonios de familiares que denunciaron amenazas anteriores y otras posibles estudiantes afectadas por situaciones de hostigamiento.
Las primeras publicaciones hablaron de un grupo de aproximadamente quince alumnas, aunque otros testimonios familiares aportaron recuentos diferentes sobre las personas involucradas. Por eso, la cantidad debe considerarse parte de las versiones denunciadas y no una cifra judicialmente establecida.
El episodio también generó cuestionamientos de algunas familias sobre la respuesta institucional y motivó pedidos de intervención ante el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Desde el establecimiento se informó que se habían activado los protocolos correspondientes, mientras que el organismo provincial anunció que supervisaría las medidas adoptadas y requeriría documentación para evaluar la protección de las estudiantes y la continuidad de las trayectorias escolares.
Lo que sucedió en Posadas no puede reducirse a una pelea entre adolescentes. Las denuncias de hostigamiento prolongado, las amenazas y la referencia a otras posibles víctimas obligan a examinar cómo se detectaron los conflictos, qué respuestas se dieron anteriormente y qué mecanismos existen para evitar que una situación semejante se repita.
El trabajo periodístico también debe ser cuidadoso: no corresponde identificar a las menores, reproducir videos de la persecución ni presentar las versiones de las familias como hechos judicialmente acreditados. Proteger la intimidad de quienes atraviesan estas situaciones forma parte de la responsabilidad de informar.
Qué podemos hacer antes de que empiece otro ciclo lectivo
La respuesta no puede consistir únicamente en aumentar sanciones, prohibir dispositivos o convocar a la Policía cada vez que aparece una amenaza. Esas medidas pueden ser necesarias en determinadas circunstancias, pero no reemplazan la prevención ni la educación para la convivencia.
En primer lugar, cada escuela necesita revisar sus acuerdos institucionales y habilitar espacios periódicos de participación estudiantil. Los chicos deben poder señalar problemas, proponer soluciones y saber a quién acudir. Los conflictos tienen que detectarse antes de que se conviertan en situaciones graves, con protocolos conocidos por docentes, directivos y familias.
En segundo lugar, resulta necesario fortalecer los equipos de orientación y la disponibilidad de atención psicológica. Las escuelas necesitan canales de derivación accesibles y profesionales que puedan acompañar tanto a quienes sufren agresiones como a quienes las ejercen. La respuesta debe contemplar también a los estudiantes que observan y participan indirectamente de las situaciones.
En tercer lugar, las familias deben recuperar espacios de comunicación. Conocer los consumos digitales, interesarse por las amistades, establecer acuerdos sobre el uso de los dispositivos y conversar sobre los conflictos cotidianos son acciones concretas de cuidado. Pero también es indispensable que los adultos revisen sus propias reacciones y eviten responder con agresividad cuando un hijo recibe una observación o cuando surge un desacuerdo.
En cuarto lugar, el Estado debe garantizar recursos humanos, infraestructura, formación y condiciones laborales dignas para los docentes. No se puede pedir una intervención integral si los profesionales no tienen tiempo, herramientas ni respaldo para realizarla. Los salarios y la estabilidad laboral también forman parte de la discusión sobre la calidad educativa.
En quinto lugar, las plataformas digitales y sus responsables deben comprometerse con la protección de los menores, facilitando mecanismos para denunciar hostigamientos, limitar la difusión de contenidos que vulneren derechos y responder ante situaciones de acoso. La alfabetización digital debe enseñar no solo a manejar aplicaciones, sino a pensar críticamente sobre lo que se consume y comparte.
También hacen falta más oportunidades de participación fuera de las pantallas. La lectura, el deporte, la música, el teatro, los talleres artísticos y los proyectos comunitarios permiten desarrollar habilidades sociales, encontrar intereses propios y construir vínculos en espacios donde la popularidad no dependa de la exposición de otra persona.
Finalmente, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad que no puede quedar al margen. Informar sobre estos casos exige proteger la identidad de los menores, verificar las denuncias, evitar el sensacionalismo y no reproducir imágenes de agresiones que puedan multiplicar la humillación. Pero también podemos construir una agenda positiva, dando espacio a contenidos educativos, culturales, científicos y sociales que promuevan derechos y participación.
Reconocer a periodistas, instituciones y creadores que producen contenidos cuidados y de calidad para niños y adolescentes es una manera de fortalecer otros modelos de comunicación, por eso lo hacemos cada año. Las pantallas también pueden ofrecer oportunidades para aprender, imaginar, expresarse y conocer experiencias que despierten solidaridad y compromiso.
Al acercarnos al cierre del ciclo lectivo 2026, sería importante que las instituciones no se limiten a completar las actividades académicas. También deberían evaluar cómo fue la convivencia, qué situaciones necesitan seguimiento, qué estudiantes requieren acompañamiento y qué cambios pueden implementarse para comenzar el próximo año con mejores herramientas. Tratar estos temas en el PEI constantemente.
No debemos convertir a los adolescentes en los únicos responsables de una problemática que los excede, pero tampoco negarles la posibilidad de aprender a hacerse cargo de sus decisiones. Necesitan límites claros, oportunidades para reparar el daño, adultos presentes y espacios donde puedan desarrollar autonomía, empatía y criterio propio.
La responsabilidad es compartida. Las familias no pueden delegar toda la formación en las escuelas; los docentes no pueden resolver solos los conflictos sociales; el Estado no puede limitarse a actuar después de una denuncia y los medios no deberían convertir el sufrimiento de los chicos en un recurso para conseguir audiencia.
Quizás el desafío más importante para terminar este año sea comprender que la convivencia no se enseña solamente con discursos o reglamentos. Se construye con decisiones cotidianas, con políticas sostenidas y con ejemplos adultos que permitan distinguir la firmeza de la violencia, la autoridad del autoritarismo y la libertad de la falta de responsabilidad.
Una sociedad que quiere cuidar a sus niños y adolescentes debe empezar por revisar qué les ofrece, qué les enseña y qué está dispuesta a cambiar. No alcanza con pedirles que aprendan a convivir: tenemos que demostrarles, con nuestras propias acciones, que es posible hacerlo. Besito.